Hubo una primera prórroga para el mes de enero y ahora el Gobierno regional ha tenido que aprobar otra para el de febrero. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Leandro Esteban, anunció ayer que se mantienen 29 días más los convenios que tiene la Junta con los ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro para el funcionamiento de los centros de la mujer y casas de acogida. Estos convenios vencían todos los años el 31 de diciembre. El Gobierno regional ha decidido cambiar las condiciones de los mismos y el propio procedimiento para adjudicar de subvenciones... pero hasta que el proceso no haya culminado del todo, la Junta se ha visto obligada a alargar los convenios existentes.
El portavoz del Gobierno aclaró ayer que es muy probable que la demora no llegue hasta marzo. «El objetivo es que en el mes de febrero se culmine el proceso de adjudicación y antes de que termine el mes el sistema esté operativo y no sea necesaria una tercera prórroga», señaló. Esteban confirmó que tanto con la prórroga de febrero como con las nuevas subvenciones que empezarán a darse en marzo, las mujeres afectadas pueden tener la «tranquilidad» de que «este servicio está plenamente garantizado». Reiteró que incluso cabe la posibilidad de que se abran nuevos centros en localidades que hasta la fecha no los tenían, al incluirse un nuevo baremo por número de habitantes.
El portavoz señaló que el proceso de adjudicación de subvenciones en la era socialista se realizaba «de manera poco homogénea y bastante opaca». Como contrapunto, Esteban destacó que el procedimiento iniciado por el nuevo Gobierno de Cospedal «trata de abrir la gestión de manera transparente a ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro».
El 2 de enero se convocaron las nuevas subvenciones para la gestión de los centros de la Mujer y contra el maltrato para 2012. En total, recibirán 9,9 millones de euros a lo largo de este año, 6,6 millones para los centros de la Mujer (84 en toda la Región) y algo más de 3,3 para los 15 recursos de acogida para víctimas de violencia machista.
También se prevé la racionalización del personal. En concreto, los centros de la Mujer cuyo ámbito de cobertura alcance una población superior a los 100.000 habitantes podrán contratar hasta seis trabajadores. Con menos de 10.000 habitantes, sólo se podrán contratar hasta dos profesionales para cubrir el área jurídica y psicológica.
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