La justicia española no puede reabrir la causa, archivada en 2012 por la Audiencia Nacional en la que se investigaron las presuntas irregularidades en la contratación de la aeronave que se estrelló en Turquía. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional rechazaron la posibilidad legal de reactivar la causa, un criterio que se repitió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)