La decisión se adopta después de que en febrero el Tribunal Constitucional (TC) declarará ilegales determinados preceptos de la ley de este impuesto, fijado por el Estado y cuya gestión y recaudación está cedida a los ayuntamientos. La medida se aprobará en el próximo Pleno municipal. El Ayuntamiento dejará de percibir un millón de euros.