Los sindicatos de prisiones UGT y ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) seguirán con las movilizaciones a la espera de la formación del nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril, al que plantearán los problemas del colectivo de Instituciones Penitenciarias.

Mañana martes todos los delegados de los sindicatos de prisiones ACAIP, UGT, CSIF y CCOO se van a concentrar en la sede de Función Pública en Madrid entre las 12.00 y las 14.30 horas en protesta por la falta de personal y la precariedad con la que se ven abocados a realizar su función. El colectivo también pide mejoras laborales y la condición de agentes de la autoridad para prevenir las agresiones que sufren los trabajadores de prisiones.

El déficit de plantilla en la cárcel de Herrera de La Mancha se va a incrementar ya que, según ha podido saber La Tribuna, en los seis primeros meses de 2019 se jubilan cuatro funcionarios y tres pasan a segunda actividad. Por tanto, se pierden siete trabajadores de prisiones en la cárcel de Herrera y «no hay previsión de reemplazar las plazas», señalan fuentes de ACAIP. De continuar esta situación, sin que cubran las plazas, va a quedar un funcionario para 120 presos y «no se va a poder garantizar la seguridad de los internos y trabajadores».

Los sindicatos de prisiones vuelven a protestar en la calle - Foto: Rueda VillaverdeDivisión. El anuncio de elecciones para el 28 de abril no va a paralizar a los sindicatos mayoritarios de prisiones y prueba de ello es la convocatoria de mañana aunque parezca que se ha resquebrajado la unión de acción a resultas de la reunión en la que se abordó entre otras cosas el asunto de la vigilancia privada en las cárceles.

A aquel encuentro fueron convocados por separado y tras la misma el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció la intención del Gobierno de ir rescindiendo poco a poco los contratos de la seguridad privada en el exterior de las cárceles y que volviera a estar en manos de la Guardia Civil y de la Policía. Sólo en la prisión de Alcázar hay trece trabajadores de seguridad privada.

UGT Prisiones confía que se vea ratificado y que el ahorro que va a suponer revierta en la mejora laboral y salarial que reivindican desde hace años.

Los sindicatos de prisiones vuelven a protestar en la calle - Foto: Rueda VillaverdeEn cuanto a la reunión, María José Muñoz Garrigós, responsable de UGT Prisiones en Ciudad Real, señala que no entendieron que fueran convocados por separado estando constituidos en plataforma y que por primera vez en la historia de prisiones todos los sindicatos fueran «todos a una» en las reivindicaciones no entendieron citarlos por separado cuando a todos se les planteó lo mismo, quizá para conocer la postura de cada uno por separado.

A UGT no le pareció una medida acertada, si bien fueron porque en el momento en el que estaban, con el conflicto enconado, no se podía eludir ya que «había que trasladar nuestro malestar con la situación actual».

Explica que el asunto de la seguridad privada se ha planteado en numerosas mesas de negociación porque «somos contrarios a que la seguridad exterior de las prisiones corra a cargo de agentes de seguridad privada cuando tiene que estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». «Se están duplicando funciones», remarca Muñoz Garrigós, quien añade que les llamó poderosamente la atención que el año pasado se convocaran 17 plazas de guardias civiles para Herrera de La Mancha que cuenta con agentes de seguridad privada».

Los sindicatos de prisiones vuelven a protestar en la calle - Foto: Rueda VillaverdeUGT planteó que la subida salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que va a acompañada de un acuerdo de los agentes que pasan a segunda actividad que desempeñan tareas de seguridad en sitios públicos, revierta en las mejoras para los trabajadores de prisiones.

Son conscientes de que ha generado ampollas entre el colectivo de seguridad privada, pero «desde UGT siempre defenderá que los servicios públicos estén en manos de empleados públicos porque así lo establece la propia legislación. Nunca debió estar en mano de empresas privadas».

El 31 de mayo vencerá muchos contratos y «es una medida perfectamente asumible por un Gobierno en funciones. Si existe voluntad política así debe ser», remarca la responsable de UGT Prisiones, quien añade que  «no es una medida controvertida, se ha anunciado y entendemos que se debe asumir cuando cuenta con el beneplácito del PP y otras formaciones».

Acaip, sin embargo, considera que esta medida no aporta nada, mientras que UGT la aplaude al considerar que supone un ahorro que podría repercutir en el colectivo de trabajadores, es decir se podría sufragar la justa y legítima subida retributiva que reclaman. En cualquier caso el anuncio de elecciones interrumpe la partida.