El desfile de declaraciones que desde este mes y -al menos- también en octubre se suceden en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano en el marco de la operación ‘Cerrú’, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en las obras del campo de fútbol municipal Ciudad de Puertollano, es para la oposición municipal un síntoma de las «corruptelas» de anteriores legislaturas por parte del PSOE local. No en vano, el anterior alcalde, Joaquín Carlos Hermoso Murillo, fue detenido el pasado 11 de julio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y puesto en libertada a las pocas horas y varios de sus concejales han sido llamados a declarar ante la magistrada María Cristina Sanz Blas, al igual que él, en calidad de investigados.
Para la portavoz del Grupo Municipal Popular, María Antonia Berlanga, este caso «tiene toda la pinta de corruptela total» y añade que «no se trata de algo aislado, sino una manera de proceder habitual del PSOE local, que veía el Ayuntamiento como un cortijo». En declaraciones a este diario, asegura que «si se enlazan las grandes obras realizadas en legislaturas anteriores, creo que habrá posibles puntos de presunta corrupción. La plaza de toros y el ‘Cerrú’ cantaban mucho».
Según Berlanga, este modo de actuar «era el modus operandi del PSOE local, que ha llevado a Puertollano a la ruina». «Esto era el hacer diario del PSOE y hay que acabar con esto», añade.
Su homólogo de Izquierda Unida, Jesús Manuel Manchón, reconoce que aún «es pronto» para sacar conclusiones y prevé que el proceso será «lento». En cualquier caso, asegura que «todo apunta a una presunta trama que salpica directamente al PSOE en Puertollano, que utilizó la mayoría absoluta que le dieron los ciudadanos en las urnas para hacer negocio de manera fraudulenta». Y añade que «ahora sólo podemos esperar a que todas las personas implicadas respondan y paguen ante la Justicia, caiga quien caiga».
Y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, su portavoz, Irina Isabel Alonso, sostiene que «sin saber mucho de derecho, era lógico que fueran a declarar todos los que tienen relación con este caso», en relación a las próximas declaraciones de exconcejales socialistas como Antonio Rodríguez y Luis Francisco Pizarro, que formaron parte de anteriores corporaciones. Asimismo, apunta que este tema «daña la imagen del Ayuntamiento» y «nos da rabia y vergüenza».
Alonso también pide «que paguen quienes tengan que pagar», si bien lamentan la «lentitud» de la Justicia. «La pena es que se tarde tanto; da mucha rabia que vaya tan lento, puesto que al final se perjudica la imagen de Puertollano y de su Ayuntamiento».
EJECUTIVO MUNICIPAL. Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno local, Miguel Peña, insiste en que las valoraciones políticas «las realizaremos cuando se termine el proceso» y añade que «es importante dejar trabajar a la Justicia y ser prudentes. Vivimos en un estado de derecho y nuestra mayor preocupación está en Puertollano y su futuro», recordando que «se investigan hechos de 2007».
Por último, el también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio puertollanense hace hincapié en que «nosotros estamos a disposición de quien nos requiera y la posición del Gobierno municipal es la de colaborar para que se acaben las especulaciones».