A punto de cumplirse dos años y medio del convenio suscrito por el Consejo General Poder Judicial y el Gobierno de Castilla-La Mancha para evitar desahucios en caso de especial vulnerabilidad no se ha dado supuesto alguno en el que el Juzgado haya informado a la Administración regional a este respecto.
«El convenio está vigente y esa posibilidad sigue abierta», indica en declaraciones a La Tribuna el director provincial de la Consejería de Fomento, Casto Sánchez, quien precisa que esto no quiere decir que no se hayan tenido que paralizar desahucios por situación de vulnerabilidad de personas obligadas a desalojar su vivienda por impago de hipoteca o alquiler. De hecho, añade, ha habido 31 casos que se han paralizado a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) de Ciudad Real, diez desde la firma del convenio.
Sánchez asegura que «ha habido casos de riesgo» y, sin entrar en detalles y datos por la ley de protección, afirma que «en algún caso la situación era crítica y se ha evitado el lanzamiento, hemos mediado para que se consiguiera resolver la situación y ayudar a estas personas afectadas».
Respecto al perfil de los demandantes de ayuda por desalojo, indica que cuando se trata de viviendas en propiedad, los residentes suelen ser una pareja de entre 35 y 50 años, con hijos menores a su cargo, de nacionalidad española y en general en riesgo de exclusión social o con problemas económicos y laborales. «Son parejas que se han quedado sin empleo y no pueden hacer frente a los gastos de hipoteca», añade el director provincial de la Consejería de Fomento.
No obstante, señala que también han atendido a personas mayores vulnerables. De ahí que considere esencial el trabajo de la Oficina de intermediación Hipotecaria y también el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial, ya que se han evitado desalojos violentos.
Al hilo de ello, Casto Sánchez explica que la presencia de los ciudadanos en la Oficina de Intermediación Hipotecaria constata que hay un conocimiento sobre su existencia y el trabajo que realiza. «A veces las propias personas que están interviniendo en el procedimiento informan al afectado de que existe una oficina, bien el juzgado o la propia entidad financiera advierte de que hay una oficina y eso facilita muchos las cosas, sobre todo al afectado».
En el momento en que se ponen en contacto con la oficina, se activa el servicio de asesoramiento e intermediación hipotecaria, se empieza a trabajar en esa dirección, bien con asesoramiento jurídico o social o en ambos casos. Se trata de asesorar, «ayudar a estas familias y ciudadanos que puedan encontrarse en riesgo por ejecución hipotecaria», concreta Sánchez.
En cuanto a las zonas con mayor demanda, indica que Ciudad Real capital y los otros municipios más poblados de la provincia son los que acumulan más actuaciones en materia de desahucios, aunque también se han dado casos en Villarrubia de los Ojos, Almadén y Miguelturra.
Poder Judicial. El responsable en la provincia de la Consejería de Fomento recuerda que el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Castilla-La Mancha se firmó para la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecarias. El convenio reconoce que el riesgo de exclusión también puede afectar a los supuestos de procesos de desahucio abiertos por impago de rentas de arrendamiento. De este modo, permite una rápida comunicación del problema a los profesionales de las OIH en las primeras etapas del procedimiento judicial, ya sea a través del propio juez, el letrado de la administración de Justicia o de cualquiera de las unidades que componen cada tribunal y siempre que así lo deseen las personas o familias afectadas.