Ruiz Molina ha explicado que sobre todo es una ley técnica para trasladar a Castilla-La Mancha la legislación que se aprobó a nivel nacional en 2015 y que, por ejemplo, da preferencia a la notificación electrónica y permite rebajar un 50% las infracciones si hay voluntad y pago del infractor. Además se aprovecha esta normativa para incluir retoques en otras como la del Turismo o la Lotau.