En ese periodo, según ha informado UGT en nota de prensa, en Castilla-La Mancha "se cerraron o privatizaron las residencias universitarias y la mayoría de residencias escolares". Ello derivó en un cambio de puesto de trabajo y sobre todo de condiciones laborales de unos 207 empleados públicos, algunos de los cuales no recibieron por aquella administración la compensación "legalmente establecida".