En su auto, la magistrada les acusa de prevaricación administrativa, falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público y tráfico de influencias. A partir de ahora, será la Audiencia Provincial la que lleve el caso 'plaza de toros', en el que la Fiscalía pide inhabilitacion de diez años y las acusaciones particulares (PP e IU) incluyen penas de prisión.