El equipo de Gobierno y el Grupo Popular justifican su apoyo en el ahorro económico que supondrá la renovación del sistema de alumbrado público, que redundará en 455.600 euros anuales y 1,2 millones de kilogramos de CO2 menos a la atmósfera cada año. Por su parte, la coalición y la formación naranja sostienen que hay «inseguridad jurídica» en este asunto al no contar con informe de Intervención.