Hasta 358 infracciones son las que la Inspección de Trabajo ha detectado en la provincia de Ciudad Real a lo largo del primer semestre del año, según las cifras que reconoce el propio Gobierno de España a través de una respuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Esas cuentas del organismo que depende del Ministerio de Trabajo sitúan a la provincia con, al menos, 14 infracciones a la semana en un periodo de tiempo que, sin embargo, reporta menos actividad que en otras provincias de la región, como Toledo o especialmente Albacete, donde superan ya las 560 infracciones detectadas en el primer semestre del año 2017.Echando la vista atrás, el ejercicio 2013 fue el de mayor actividad en la provincia, donde Trabajo tuvo conocimiento de 1.177 infracciones a lo largo de todo el año, mientras que el pasado 2016 marcó la cifra más baja de lo que va la década, cayendo esa cifra por primera vez por debajo del millar de infracciones, en total, 919. En Ciudad Real, esas infracciones detectadas a lo largo de lo que va de año, han dejado grandes operaciones que han terminado de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vinculadas, sobre todo, a actuaciones contra las llamadas empresas ficticias, aquellas que con la crisis han ido apareciendo para vender contratos de trabajos falsos a personas que de esta forma accedían a prestaciones por desempleo cometiendo un fraude a la Seguridad Social. A raíz de estas operaciones se produjeron, en apenas un mes, más de 50 detenciones en tres macro operaciones policiales por este tipo de fraude que ascendía a más de cuatro millones de euros, con empresas que simulaban contrataciones y que incluso se llegaban a ofrecer para mediar y tramitar permisos de residencia y regularizar situación de ciudadanos extranjeros en varias provincias del país, entre ellas, Ciudad Real.En algunos de esos casos, la investigación de la Policía que permitía desarticular los entramados de empresas ficticias se prolongaba durante más de un año. La Seguridad Social detectó varias sociedades que habían tramitado numerosas altas de trabajadores, a pesar de que apenas tenía actividad ante lo que los agentes determinaban que esos contratos eran simulados con la intención de cobrar subsidios.Los últimos datos sobre los que ofrece información estadística el Ministerio de Empleo, referidos a 2015, sitúa el total de actuaciones de la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha en más de 50.000 con un importe de las sanciones impuestas que superaba entonces los 22,2 millones de euros, de los que 9,8 millones correspondían a la provincia de Ciudad Real. Entonces, el mayor número de actas de infracciones que iniciaron los inspectores tuvieron que ver con actuaciones relacionadas con la Seguridad Social, hasta el 82%, seguidas muy de lejos por las infracciones en materia de seguridad laboral y obstrucción al trabajo de la propia Inspección, siendo mínimas las sanciones impuestas a cuenta de infracciones detectadas en el campo de las relaciones laborales y de empleo y extranjería.