También solicita la relación global de la ubicación de estos vinos, por tipo y zona de producción, tanto en depósito, barrica, botellero o en transición o pendiente de calificar, ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Además, Alcolea, que también es presidente local de Asaja Socuéllamos, se ha interesado por las actuaciones realizadas por la Consejería sobre la verificación de la existencia real de esos vinos y los datos aportados por los operadores, así como las actuaciones de las certificadoras, para verificar la corrección de los controles y certificaciones realizadas por éstas.

Asimismo ha instado a publicar ya la normativa referente a las entidades certificadoras de productos vínicos que se encuentra pendiente en la Consejería de Agricultura, y ha añadido que “los datos ofrecidos por las certificadoras deben ser claros en cuanto a su contenido y deben especificar el destino de los vinos (joven, crianza, reserva o gran reserva)”.

El dirigente agrario considera que las administraciones deben “de una vez por todas perseguir el fraude en el sector del vino a través de una trazabilidad real del producto elaborado con la uva, porque de lo contrario, nunca se conseguirá ese valor añadido para el vino castellano-manchego y el sector vitivinícola regional seguirá muy perjudicado”. 

Ha incidido en que es “fundamental” aplicar regímenes sancionadores severos y acordes a los perjuicios causados porque estarían causando “una posible estafa a los agricultores y posible fraude a los consumidores”.

Alcolea ha demandado un control real para evitar prácticas anticompetitivas o de seguidismo entre industriales en la vendimia a la hora de fijar el precio de la uva o posteriormente del vino procedente de las cooperativas, para asegurar el cumplimiento de la ley de la oferta y demanda