El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 1 de septiembre un Anteproyecto de Ley que tiene como fin implantar en España una directiva europea que afecta a las grandes empresas, y en concreto a la información acerca de parámetros no financieros como las medidas anticorrupción o las políticas de igualdad y medioambientales. En caso de prosperar, afectará a diez firmas de la provincia.