La mercantil habría dado de alta de manera fraudulenta en el Régimen General de la Seguridad Social a supuestos trabajadores con la finalidad de que los mismos pudieran regularizar su situación administrativa en España y/o acceder indebidamente a prestaciones por desempleo. Según dichos documentos, la empresa habría contraído una deuda con la Seguridad Social que ascendía a casi 120.637 euros.