La Tribuna de Ciudad Real
Saltar Publicidad   Cerrar   

Publicidad

20 de noviembre de 2018

Los jueces reconocen que no se podía haber gestionado peor

Pilar Muñoz - jueves, 8 de noviembre de 2018
Los jueces reconocen que no se podía haber gestionado peor
Consideran que se debería haber convocado antes el pleno y que la responsabilidad es del Ejecutivo

«Era un asunto complejo y muy importante por la repercusión. Por eso se tenían que haber convocado el pleno», coinciden en señalar magistrados y jueces en declaraciones a La Tribuna sobre la sentencia de marras de Tribunal Supremo, en torno al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
«El juez no dicta una resolución en contra de una norma», aseguran los togados consultados, que no entienden que se silencie la responsabilidad, en clara alusión a los políticos. «Es la norma la que está con la banca, no los jueces», subrayan.
La decana de los jueces de Ciudad Real, Isabel Serrano, tras dejar claro que no va a entrar a valorar una sentencia, considera que se debería haber reunido el pleno de primeras y haber deliberado. Entiende el desconcierto de la gente, pero asegura que los jueces aplican las normas que pone a su disposición el poder legislativo. «Tenemos un respeto absoluto a la ley», como no puede ser otra manera.
La decana saca la cara por sus compañeros y asevera que «somos buenos profesionales y hacemos el trabajo con la mayor dignidad y respeto pese a la carencia de medios».
Los magistrados y jueces de Ciudad Real consultados por La Tribuna acerca de la decisión del pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo en torno al pago del citado coinciden en que el asunto no se podía haber gestionado peor y en recordar que la normativa, la ley, no la hacen ellos, sino el poder legislativo.
Así, la representante en la provincia de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pilar Astray, se remite al comunicado emitido por la APM en el que se califica de «lamentable» todo lo sucedido y se dice comprender el «desconcierto» entre los ciudadanos tras la «ajustada rectificación» de anteayer.
Respecto al resultado de la votación, niega que las decisiones de los tribunales en España obedezcan a presiones o injerencias espurias, al servilismo hacia grupos económicos o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley y recuerda la necesidad de «un marco legislativo que evite en la medida de lo posible amplios márgenes a la interpretación». Recuerda que los jueces «no pueden ni deben convertirse en legisladores» ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos. Y pone como ejemplo el proyecto de ley de Crédito Inmobiliario, en el que se para resolvían cuestiones de actualidad como el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado, que se encuentra paralizado desde marzo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Respecto al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la APM pide al Legislativo que “no pase su responsabilidad al Poder Judicial" e insta al Gobierno que lleve al Parlamento un proyecto o una proposición de ley o una enmienda a cualquier norma en materia económica en trámite para que “en apenas dos meses quede resuelto el problema con la eficacia retroactiva que el legislador considere oportuno”.  Consideran que la situación de abandono en que se encuentra la Justicia en España "no puede silenciar de ante pronunciamientos concretos por amplia que sea su repercusión".                                              

Compartir en Facebook
Compartir en Google Plus
Compartir en Twitter
Grupo Promecal
La Tribuna de Ciudad Real se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por Logo OJD