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20 de noviembre de 2018

El Supremo cierra la puerta a reclamar unos 26 millones

R. Ch. - jueves, 8 de noviembre de 2018
El Supremo cierra la puerta a reclamar unos 26 millones - Foto: [PABLO LORENTE; Pablo Lorente]
Bancos y cajas han concedido 24.000 créditos desde el añ0 2014 a hipotecados que ya no podrán recuperar su dinero

Unos 24.000 hipotecados ciudadrealeños se han quedado a las puertas de recuperar el dinero pagado por el impuesto de actos jurídicos documentados desde 2014. El voto de 15 magistrados a favor de que pague el cliente y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre y que cambiaba la jurisprudencia que había mantenido hasta ahora el alto tribunal dejan las cosas como estaban y con la miel en los labios a los hipotecados de los últimos cuatro años, los que habrían entrado en un proceso de reclamación antes de que el Supremo volviera a cambiar su interpretación de la ley.
Según las cifras de préstamos hipotecarios para vivienda que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas que podría haber entrado en un proceso de reclamación sin el cambio de criterio del Supremo superaba ligeramente los 24.000. En total, estaban en juego 25,8 millones de euros en la provincia.
Con el volantazo dado por el Alto Tribunal, las cosas siguen como estaban antes, al menos hasta el próximo lunes, después del anuncio realizado ayer mismo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar hoy mismo al Consejo de Ministros un decreto ley para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague la banca, independientemente de que el consumidor haya pedido el crédito para comprar una vivienda, un solar o una finca urbana o rural. El abogado Antonio Muñoz, de la firma Abogados Muñoz,especializada en derecho bancario, aplaude el paso dado desde el Ejecutivo que «enmienda» la «vergonzosa y bochornosa» actuación del Supremo. Para Muñoz, lo acontecido con el Alto Tribunal en las últimas semanas resulta «inédito» en la Justicia española, «con un pleno que enmienda la plana a la sala especializada en tributos. Es como si vas al hospital a que te operen de cataratas y te opera el traumatólogo», refiere.
incertidumbre. Muñoz apunta que la decisión del Supremo y la rectificación del Gobierno deja claro qué pasará en el futuro, «el banco paga», pero no queda para nada claro qué pasa a pasado. «Todavía no se ha aclarado y hay tres sentencias firmes y el reglamento del impuesto está anulado, explican desde Muñoz Abogados que espera ver «en qué se apoya ahora el Supremo» para modificar su criterio, «porque no puede hacerlo en un artículo que ya se ha eliminado», al mismo tiempo que prevé recursos ante el Constitucional o ante Europa «en una situación de incertidumbre ante la que nadie sabe a qué atenerse» ya que no se trata de un tema de consumo. En esta línea, la asociación de consumidores Facua reconoció que la sentencia deja poco margen a los consumidores, «porque los tribunales europeos han manifestado en otras ocasiones que no pueden entrar a valorar los impuestos de los estados miembros».
Las primeras cuentas que realizan asociaciones de consumidores y sindicatos como el de los técnicos de Hacienda indican que el decreto ley que pretende aprobar hoy el presidente Sánchez supondrá un ahorro, en el ámbito regional, de casi 40 millones de euros. Antonio Muñoz indica que ese ahorro no significa que «el libro de los abusos bancarios se haya terminado». De hecho, el consumidor aún tiene la oportunidad de plantear nuevas reclamaciones a cuenta de los gastos hipotecarios por un importe que, para una hipoteca media de 150.000 euros, puede rondar entre los 2.000 y los 2.500 euros a cuenta de cláusulas suelo, notaría, registro, tasación o comisión de apertura, entre otros conceptos. Así, Adicae apuntó que la decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas, que seguirán su curso mientras la asociación sigue recogiendo solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios, que ya fueron declarados nulos por el Supremo. Desde esta misma asociación indicaron que esperan que «la nueva ley hipotecaria que se está legislando en el Congreso clarifique de una vez por todas los gastos hipotecarios defendiendo los derechos de los consumidores», mientras que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su «gestión pésima» del caso, que concluyó con la sentencia favorable a los bancos.
 

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