Como la «doble cara de una moneda». Así calificó esta mañana el portavoz del Gobierno regional las dos medidas que van a poner en marcha para proteger la autoridad del profesorado en el aula. «No son muchos los casos de insultos, amenazas y agresiones», matizó Nacho Hernando. Pero a la vez recalcó que con que haya pocos el Ejecutivo autonómico no puede estar de brazos cruzados. «Basta con una sola agresión para que se tomen este tipo de medidas contundentes», recalcó. Y al respecto, mencionó el caso que trascendió hace dos semanas en Ocaña cuando la madre de un niño golpeó a la maestra a la entrada del colegio.
Precisamente en ese caso el consejero de Educación, Ángel Felpeto, confirmó que la Junta se personaría. Y ya no es algo que vaya a quedar al albedrío de la decisión del titular de la Consejería. El Consejo de Gobierno de esta semana ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta a personarse como acusación particular en estos casos, cuando dichas agresiones a docentes cuando se produzcan durante el ejercicio de sus funciones.
Hernando explicó que así se va un paso más allá de las medidas que contempla la Ley de Autoridad del Profesorado, que se aprobó en Castilla-La Mancha en la pasada legislatura. El portavoz del Gobierno expuso que lo de personarse en las acusaciones es «algo que se venía haciendo como Administración regional con las agresiones del personal sanitario». Ahora también se va a proceder así con los profesores. «Hemos considerado que era necesario ampliar esa cobertura también para los docentes», expuso.
Esta medida sería una de las caras de la moneda que lanza el Gobierno regional en su apuesta por la protección del profesorado. La otra cara tiene el dibujo de un seguro. Hernando confirmó que Educación va a contratar un seguro para cubrir la defensa jurídica de los docentes ante procesos judiciales derivados de los conflictos que se puedan producir durante el ejercicio de sus funciones, cuando ven atacada su condición de autoridad en el aula.
Para públicos y concertados. En concreto esa poliza cubrirá el asesoramiento que necesite ese profesor, la asistencia en juicio y también el pago de las tasas que puedan ser necesarias para el proceso en sí. Hernando precisó que el seguro cubrirá tanto a los profesores de la escuela pública como a aquellos de centros concertados.
Aunque Hernando explicó esta mañana esta nueva medida en la rueda de prensa que da todos los miércoles para contar los acuerdos del Consejo de Gobierno, confirmó que el contrato del seguro ya se ha sacado a licitación. De hecho, el plazo para que concurran las entidades interesadas acaba mañana mismo.
El portavoz espera que con estas actuaciones se pueda garantizar «el ejercicio pacífico de la labor de los docentes en nuestras aulas» y también para asegurar que los centros educativos de la región «sean espacios de convivencia, sin ningún tipo de violencia».