El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto el foco en las viviendas vacías. La Secretaría General de Vivienda, dependiente del Ministerio de Fomento, ya ha elevado al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de la vivienda social en España, un texto que entre las medidas que contempla incluye el planteamiento de una normativa básica estatal que incluya medidas coercitivas contra los propietarios de viviendas vacías, según reveló ayer el diario El País. Esa posibilidad, que desde la patronal provincial de la construcción califican más como «una declaración de intenciones o un globo sonda» por su «complicado encaje legal», supondría poner sobre aviso a los propietarios de más de 46.000 viviendas en la provincia de Ciudad Real, según el último censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El documento, por el momento, no es más que un informe interno pero los postulados que plantea «no son beneficiosos para el mercado inmobiliario», advierte el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC), que considera que hace falta «un debate real sobre la vivienda protegida» y sobre todo «medidas reales de ayuda que tengan detrás un estudio riguroso y serio sobre el encaje jurídico», más que «medidas ocurrentes que luego no cristalizan porque ni la propia ley las contempla». El informe, que ya se puso en conocimiento del Consejo de Ministros, no hace distinciones entre los grandes tenedores de vivienda y los pequeños propietarios, y pone el foco simplemente en la vivienda vacía, un parque difícil de estimar. Hay pautas para hacerlo, sí, como por ejemplo el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a esta década y publicado con cifras del año 2011 (el próximo saldrá en 2021), que eleva el número de viviendas vacías en el país por encima de los 3,4 millones, y en la provincia de Ciudad Real sitúa en el 16 por ciento el peso de la vivienda vacía dentro del parque total, con más de 46.000 inmuebles sin ocupar de los más de 286.000 censados por el INE en el territorio ciudadrealeño.