Una nueva ordenanza regulará la ocupación viaria de los comercios

Diego Rodríguez
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Busca compatibilizar el uso y disfrute del espacio público con el impulso y dinamización de la actividad comercial, para lo cual a partir del próximo año se establecerá una tasa

 
La Corporación municipal del Ayuntamiento de Puertollano aprobó ayer por unanimidad una nueva ordenanza municipal que tiene por objeto regular la ocupación comercial de la vía pública. La intención es hacer compatible el uso y disfrute de los ciudadanos del espacio público con el impulso y dinamización de la actividad comercial, «respetando siempre los intereses generales representados por el bienestar de los ciudadanos, el paisaje urbano y ornato público urbanizados».
La denominada Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación Comercial del Dominio Público regula la ocupación temporal de las vías y espacios públicos por expositores de productos, carteles informativos, indicativos publicitarios, elementos decorativos y ornatos vinculados a actividades comerciales e instalaciones como barras, maceteros, estufas, sombrillas, parasoles, barricas y mesas y taburetes altos, que desde su aprobación definitiva deberá contar de forma previa con la pertinente licencia y autorización municipal.
El documento elaborado por la Concejalía de Sanidad, Consumo, Mercado y Mercadillo recibió ayer su aprobación inicial, si bien deberá permanecer un mes en exposición pública y tras ello se dictaminarán las posibles enmiendas que se presenten, tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva. Asimismo, la edil Celia Villaverde tiene previsto presentar la nueva ordenanza a la Federación de Empresarios de la comarca de Puertollano (Fepu) para conocer su opinión, antes de aprobar las tasas correspondientes. Aunque la ordenanza verá la luz este año, las tasas que se dictaminen se aplicarán el próximo año, al igual que el resto de ordenanzas fiscales.
Villaverde hizo hincapié en que esta nueva ordenanza haya salido adelante por unanimidad y «gracias al consenso y a las horas de trabajo tanto de los grupos municipales como de los técnicos». Desde la oposición también valoraron el consenso alcanzado en este asunto y agradecieron el trabajo de la Concejalía y de los técnicos municipales. No obstante, el concejal de Izquierda Unida (IU) Alejandro Becerra insto al equipo de Gobierno a velar por el cumplimiento de la ordenanza una vez empiece a aplicarse y mostró su deseo de que «ojalá esta nueva ordenanza conlleve el equilibrio necesario entre empresas y vecinos».
 
URBANISMO. Por otro lado, el Pleno de la Corporación municipal también aprobó ayer por unanimidad iniciar de nuevo el procedimiento de resolución de adjudicación del programa de actuación urbanizadora para rescindir la condición de agente urbanizador de la empresa Oretania XXI por incumplimiento de las obligaciones asumidas en su condición de agente urbanizador en el PAU-Sector I de la ciudad.
Cabe recordar que el 25 de marzo de 2015 se adoptó acuerdo plenario de inicio de la rescisión de agente urbanizador a dicha empresa con incautación de la garantía de 29.738 euros, que tuvo ocasión de presentar alegaciones. Ahora, el nuevo acuerdo se comunicará otra vez al agente urbanizador y se remitirá el expediente a la Consejería de Fomento, que deberá evaluarlo en un mes.
 
 
EXENCIÓN EN TASA. El Pleno aprobó ayer por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal número 8 para regular la exención de la tasa por expedición de documentos administrativos a aquellas personas afectadas por un proceso hipotecario y con riesgo de pérdida de su vivienda. Esta propuesta partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, aunque salió adelante por unanimidad, la oposición acusó al equipo de Gobierno de utilizar este tema con «fines electorales» tras la intervención de la edil de Políticas Sociales, Ana Belén Mazarro. La munícipe recordó que la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria y Vivienda lleva atendidas a 1.159 personas desde su puesta en marcha en 2014 y añadió que han atendido 28 reestructuraciones de préstamos hipotecarios, once daciones en pago y cuatro daciones en pago con alquiler social; también ha tramitado 310 solicitudes, de las que 60 fueron de ayudas o subvenciones al alquiler.