El tribunal, en sus razonamientos jurídicos, expone que no puede desprenderse de los hechos denunciados indicios de criminalidad sobre el caso de las sanciones no tramitadas por Caballero cuando ostentaba la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad en los años 2013 y 2014. También señala que la documentación que se acompaña no es suficiente para otorgar verosimilitud a la denuncia anónima.